CARTA ABIERTA: Canadá debe oponerse a las amenazas de Estados Unidos a los derechos, la soberanía y la paz en Venezuela y las Américas
Haga clic aquí para obtener una versión en pdf de la siguiente carta abierta enviada al Primer Ministro Mark Carney.
8 de enero de 2026
Estimado Primer Ministro:
Con la mayor urgencia, hacemos sonar la alarma por el ataque militar ilegal y letal de Estados Unidos en Venezuela el 3 de enero y el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores. En nuestra calidad de coalición que representa a 26 organizaciones canadienses de la sociedad civil con décadas de experiencia trabajando a favor de los derechos humanos y la justicia a la par de organizaciones socias en las Américas, conocemos muy bien las devastadoras consecuencias de la intervención militar estadounidense.
En este contexto, el silencio no es una opción. Nos unimos al numeroso grupo de entidades y asociaciones en América Latina, el Caribe y otros lugares, que condena enérgicamente la operación militar estadounidense del 3 de enero, la intención declarada del presidente Trump de'gobernar Venezuela' y vender el petróleo venezolano confiscado , sus amenazas registradas de enviar tropas estadounidenses a Colombia y México , y amenazas contra Cuba.
Expertos de las Naciones Unidas han indicado que la operación militar estadounidense del 3 de enero y las amenazas del presidente Trump de una mayor intervención militar en Venezuela y en otras partes constituyen flagrantes violaciones de la Carta de las Naciones Unidas y que sientan un precedente sumamente peligroso. Como declaró el 3 de enero la presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Annalena Baerbock : « La Carta de las Naciones Unidas no es opcional; es nuestro marco rector… El Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas estipula claramente que todos los Miembros de las Naciones Unidas se abstendrán, en sus relaciones internacionales, de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. El respeto a la Carta de las Naciones Unidas y al derecho internacional es la base del orden internacional. Un mundo pacífico, seguro y justo para todos solo es posible si prevalece el estado de derecho y no la ley de la fuerza».
Hay mucho en juego, especialmente en nuestro hemisferio. No podemos hacernos ilusiones de que ningún país, incluido Canadá, esté a salvo si se permite que se cometan impunemente violaciones del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. El acceso a las reservas petroleras de Venezuela y a los recursos naturales de otros países es el claro objetivo de la administración Trump, a pesar de las falsas narrativas que sigue difundiendo en un intento de intentar justificar acciones ilegales y violentas y amenazas de anexión.
El 4 de enero, los socios económicos y regionales de Canadá, México, Chile, Colombia, Brasil y Uruguay, junto con España emitieron un comuniqué en el que afirmaron “el carácter de América Latina y el Caribe como zona de paz, construida sobre el respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la no intervención”. Llamaron a la unidad regional, más allá de las diferencias políticas, ante cualquier acción que atente contra la estabilidad regional y expresaron contra de “cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos, lo que resulta incompatible con el derecho internacional”.
Canadá debe tomar medidas firmes, claras e inmediatas.
Instamos a Canadá a defender la Carta de las Naciones Unidas, condenando inequívocamente la intervención militar estadounidense en Venezuela, el secuestro del Presidente y la Primera Dama de Venezuela, la presunción de control estadounidense sobre los recursos venezolanos y otras graves violaciones de la soberanía y el derecho internacional que amenazan los derechos y la seguridad en la región.
Reiteramos con mayor urgencia los llamados de nuestra carta a los Ministros Anand, McGuinty y Sidhu, del 13 de noviembre de 2025, para que Canadá suspenda de inmediato el intercambio de inteligencia con EE. UU. a través de la Operación CARIBBE y que cierre la laguna legal que permite actualmente la exportación de material militar a EE. UU., a pesar del claro riesgo de que se utilice en operaciones militares que violan el derecho internacional y los derechos humanos. Nos consterna que, dos meses después, no hayamos recibido respuesta alguna de sus ministros a nuestra carta, a pesar de la gravedad de las violaciones y sus implicaciones para la paz en la región.
Instamos a Canadá a articular urgentemente una política sólida, independiente y basada en los derechos humanos que responda a la Estrategia de Seguridad Nacional de noviembre de 2025 de la administración Trump, que promete “reafirmar y aplicar la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental.” Nuestras organizaciones han presenciado y se han solidarizado con los pueblos de América Latina y el Caribe, ya que las administraciones estadounidenses anteriores utilizaron repetidamente la Doctrina Monroe para justificar invasiones, intervenciones y cambios de régimen liderados por la CIA en las Américas. La política exterior canadiense debe:
Centrarse en la primacía de la defensa de los derechos humanos en su totalidad, tal como lo exigen los tratados y pactos internacionales que Canadá ha firmado;
Afirmar la paz, la vida con dignidad y la justicia como valores no negociables;
Defender el derecho de los países a su integridad territorial y soberanía;
Defender el derecho de los pueblos a la libre determinación y a una vida libre del temor a la invasión.
El Grupo de Orientación de Políticas para las Américas (GOPA) es una red nacional de organizaciones de la sociedad civil canadiense que trabajan por los derechos humanos y la justicia social y ambiental en América Latina y el Caribe. Reúne a ONG internacionales de desarrollo y ayuda humanitaria, organizaciones de derechos humanos, sindicatos, grupos religiosos y de solidaridad, e instituciones de investigación.
Common Frontiers es una coalición nacional integrada por organizaciones sindicales, ambientalistas, religiosas y de justicia social centrada en las Américas. Damos visibilidad a las luchas de las organizaciones y comunidades con las que nuestros miembros mantienen relaciones duraderas en todala región, y que trabajan para defender la democracia, los derechos humanos, los derechos laborales, los servicios públicos de calidad y el medio ambiente.