Carta conjunta: LLAMADA A LA ACCIÓN DE CANADÁ PARA EVITAR LA COMPLICIDAD EN ATAQUES AÉREOS ILEGALES DE ESTADOS UNIDOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Haga clic aquí para obtener una versión en pdf de la siguiente carta conjunta enviada por el Americas Policy Group (APG) y Common Frontiers el 13 de noviembre de 2025

13 de noviembre de 2025

Ministra de Asuntos Exteriores Anita Anand,

Ministro de Comercio Internacional Maninder Sidhu

Ministro de Defensa Nacional David J. McGuinty

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a ustedes como organizaciones de la sociedad civil canadiense con décadas de experiencia trabajando con organizaciones socias en nuestro continente. Hacemos un llamado urgente al gobierno canadiense para que haga uso de todos los medios diplomáticos a su alcance para condenar públicamente y exigir el cese de los ataques aéreos estadounidenses contra embarcaciones civiles en América Latina y el Caribe.

Desde septiembre y hasta principios de noviembre, se han registrado al menos 19 bombardeos contra embarcaciones civiles próximas a las costas de Venezuela, Trinidad y Tobago, Colombia, República Dominicana y México, que han causado la muerte de decenas de personas. Amnistía Internacional y Human Rights Watch, entre otras organizaciones de derechos humanos, concluyen que estas operaciones constituyen ejecuciones extrajudiciales. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otros expertos de la ONU también han dado la voz de alarma, advirtiendo que los ataques aéreos violan las normas internacionales de derechos humanos y deben cesar de inmediato.

Canadá debe pronunciarse firme e inequívocamente para proteger el estado de derecho y la seguridad en la región. Nuestra red de organizaciones se encuentra profundamente preocupada por las consecuencias del creciente despliegue militar estadounidense en América Latina y por las alarmantes nuevas facultades en cuanto al uso de fuerza letal sin ningún tipo de control contra objetivos que la administración Trump ha designado como supuestos «narcoterroristas» sin presentar prueba alguna. Como afirmó el subsecretario general de la ONU, Miroslav Jenča, en una sesión informativa ante las y los embajadores en el Consejo de Seguridad: Las operaciones estadounidenses han exacerbado las peligrosas tensiones en la región. No cabe duda de que representan una grave y creciente amenaza para la paz, la seguridad y el estado de derecho.

Si bien se informa que el presidente Trump se ha retractado de afirmaciones anteriores de que Estados Unidos consideraba realizar ataques dentro de Venezuela, la amenaza constante de una expansión de las operaciones militares estadounidenses, no solo en el mar sino también en Venezuela, Colombia y México, se está tomando muy en serio y ha sido rechazada firmemente en declaraciones públicas por jefas y jefes de Estado regionales, entre ellos Claudia Sheinbaum de México, Luiz Inácio da Silva de Brasil y Gustavo Petro de Colombia.

Mientras la administración Trump se demuestra dispuesta a tratar al Caribe y el Pacífico oriental como una zona de guerra e ignora el derecho internacional, sentimos la obligación de cuestionar la colaboración militar de Canadá y su posible complicidad en las operaciones estadounidenses. Según el sitio web del gobierno canadiense, la Operación CARIBBE contribuye a los operativos optimizados contra el narcotráfico a cargo de Estados Unidos en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental, con el despliegue de buques de guerra de la Armada Canadiense y aeronaves de la Fuerza Aérea Canadiense para “localizar y rastrear” embarcaciones “de interés” para su interceptación por parte de Estados Unidos, en virtud de un Memorando de Entendimiento con Estados Unidos vigente desde 2010.

Dadas las órdenes que está implementando el Comando Sur de Estados Unidos, instamos a Canadá a suspender la Operación CARIBBE y su Memorando de Entendimiento con Estados Unidos para evitar cualquier riesgo de que la inteligencia canadiense se utilice en ataques ilegales y letales. Según informes de prensa, el Reino Unido ha dejado de compartir cierta información de inteligencia con Estados Unidos debido a la preocupación sobre la legalidad de sus ataques militares contra presuntos barcos narcotraficantes. Canadá debería centrarse en consolidar la paz en la región, en lugar de apoyar las operaciones militares estadounidenses, especialmente cuando estas pueden implicar violaciones del derecho internacional y los derechos humanos.

Nos preocupa profundamente que se hayan utilizado equipos militares de vigilancia y localización de fabricación canadiense en al menos dos de los ataques estadounidenses, según informó recientemente Project Ploughshares. Canadá tiene la obligación legal de garantizar que sus exportaciones de bienes militares no contribuyan a violaciones del derecho internacional; sin embargo, un acuerdo vigente desde hace décadas entre Canadá y Estados Unidos permite la transferencia de la mayoría de los bienes militares entre ambos países, eludiendo así los controles de exportación diseñados para impedir que la tecnología canadiense contribuya a abusos. Es imperativo cerrar esta laguna jurídica.

Canadá no debe ser cómplice mientras la administración Trump socava la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe con acciones autoritarias que erosionan la protección de los derechos humanos, fomentan un clima de temor como justificación para el uso ilegal de la fuerza y eluden el estado de derecho tanto a nivel nacional como internacional. Al contrario, el gobierno canadiense debería seguir el ejemplo de las y los jefes de gobierno de la Comunidad del Caribe (CARICOM), quienes en octubre expresaron su apoyo inequívoco a la soberanía, la integridad territorial y el mantenimiento de la región del Caribe como Zona de Paz. Esto reafirma la histórica declaración de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) de 2014, que proclamó a América Latina y el Caribe como Zona de Paz .

En conclusión, instamos a Canadá a:

● Unirse a otros países para expresar su profunda preocupación y pedir el cese de ataques ilegales y asesinatos extrajudiciales de civiles en el Caribe y el Pacífico por parte del ejército estadounidense.

● Contribuir a la promoción de la paz y la seguridad en la región, incluyendo el apoyo a los esfuerzos de organismos de derechos humanos y aliados internacionales para presionar colectivamente a la administración Trump a fin de que respete la soberanía nacional y defienda el estado de derecho.

● Suspender su participación en la Operación CARIBBE para evitar el riesgo de complicidad canadiense en ejecuciones extrajudiciales y violaciones del derecho internacional.

● De conformidad con las obligaciones de Canadá en virtud del Tratado sobre el Comercio de Armas, eliminar las exenciones reglamentarias actuales que permiten lagunas jurídicas para la exportación de armas a los EE. UU. sin ningún control ni evaluación de riesgos para los derechos humanos.

Nos complacería mucho reunirnos con ustedes para discutir nuestras preocupaciones y urgentes llamados a la acción.

Atentamente,

Kathy Price, coordinadora nacional del Grupo de Orientación de Políticas para las Américas

Caren Weisbart, coordinadora nacional de la Coalición Common Frontiers

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El Grupo de Orientación de Políticas para las Américas (GOPA) es una red nacional de organizaciones de la sociedad civil canadiense que trabajan por los derechos humanos y la justicia social y ambiental en América Latina y el Caribe. Reúne a 22 ONG internacionales de desarrollo y ayuda humanitaria, organizaciones de derechos humanos, sindicatos, grupos religiosos y de solidaridad, e instituciones de investigación.

Common Frontiers es una coalición nacional integrada por organizaciones sindicales, ambientalistas, religiosas y de justicia social centrada en las Américas. Damos visibilidad a las luchas de las organizaciones y comunidades con las que nuestros miembros mantienen relaciones duraderas en toda la región, y que trabajan para defender la democracia, los derechos humanos, los derechos laborales, los servicios públicos de calidad y el medio ambiente.